Fuerza Ciudadana en relación a la recientemente aprobada ley de promoción de alimentación saludable declara lo siguiente:

En el debate sobre la norma en mención, es claro que una vez más se busca anular o limitar una medida que va en contra del interés de los capitales. La cerrada tergiversación de los alcances de la norma es la continuidad de lo que finalmente está en disputa: la posibilidad de construir una sociedad equilibrada.

Medios, anunciantes, políticos y la derecha en general han centrado el debate de la Ley que promueve la alimentación saludable, en la regulación a la publicidad; no han ocultado lo que defienden; los ingresos que se obtiene por publicidad en la TV.

Según CONCOR TV, en el 2011 ingresaron a los canales de TV la friolera de unos 280 millones de dólares por concepto de publicidad de la llamada comida chatarra. De ahí que la regulación sea presentada como una supuesta intención del gobierno por condicionar su libertad de expresión. Por eso hemos visto en estos días una defensa del bolsillo de los grandes medios de comunicación y el alineamiento de los periodistas a la causa de los propietarios.

La regulación y hasta la posibilidad de vetar cierta publicidad sobre alimentos procesados se da en cada vez más países (Chile acaba de aprobar una norma radical en este tema). Este asunto no tiene nada que ver con la libertad de expresión ni de empresa, sino con la salud, que es un derecho universal amparado por diversos convenios internacionales que el Perú está en la obligación de cumplir. El Perú ocupa el octavo lugar según la OPS en obesidad infantil, dato sumamente alarmante.

Estamos ante un nuevo escenario de lucha política y económica. Por eso hacemos un llamado a que las leyes se cumplan y se proceda a la reglamentación inmediata de la norma referida, ya que las consecuencias de las enfermedades producidas por la comida procesada se pagan de dos formas: Los sistemas de salud requieren cada vez mayor financiamiento para enfrentar las enfermedades crónicas y no trasmisibles producidas por estos productos, y que son las que más costos generan. La cada vez más temprana presencia de estas enfermedades hace que personas que pueden estar produciendo pasen a ser dependientes de sus familias o del Estado.

La magnitud del problema es de tal envergadura que la propia Asamblea General de la ONU aprobó en el 2011 la Resolución sobre: Prevención y control de las enfermedades no transmisibles, en la que se recomiendan medidas como la aprobada ley. El Perú con esta norma orienta adecuadamente las medidas necesarias para proteger y promover la salud de la población.

Los temas públicos, en este caso la salud, no pueden estar subordinados al interés de los grupos privados por más legítimos que sean. El bienestar de los peruanos y peruanas está por encima de los intereses de los grandes grupos y eso se debe expresar en toda la política pública del gobierno. La salud no puede estar determinada por el mercado, menos por los grupos de interés privado,

Comisión Política

Fuerza Ciudadana Lima, 22 mayo 21013